El Ministerio Público anunció este lunes el inicio de un proceso investigativo de oficio contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo, y otras seis personas, por la desaparición de droga de una incautación que se produjo en 2019. Con éste suman al menos ocho los procesos abiertos contra la exautoridad.

En este último caso, Murillo es investigado por “sustitución del objeto del delito”, según informó en conferencia de prensa Moisés Palma Salazar, director de la Fiscalía especializada en delitos de narcotráfico, medioambiente, pérdida de dominio, financiamiento del terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas de la Fiscalía General.

Explicó que el caso se produjo entre fines de 2019 y principios de 2020, cuando efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) se incautaron de un cargamento de 60 horcones de madera, que en su interior contenían cocaína, 18 de los cuales aparecieron vacíos al momento de su incineración, hecho que fue verificado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Palma dijo que  tal como informó recientemente el representante de la Unodc, Thierry Rostan, de la incautación de una tonelada y 435 gramos de cocaína en un operativo realizado el 26 de diciembre de 2019 en Tambo Quemado, el 15 de enero de 2020 sólo una tonelada y cuatro kilos fueron incinerados en un acto que fue verificado por esa dependencia internacional.

“Ante esta situación, el Ministerio Público inició de oficio las investigaciones y se tienen identificados los nombres de las personas por la presunta participación en el delito de alteración o sustitución del cuerpo del delito y se convocará paulatinamente a otras para que presten su declaración informativa”, anunció.

No reveló los nombres de los otros implicados, pero anunció que la lista podría incluso ser ampliada, según el avance de las investigaciones.

Murillo, quien dejó el país luego de  la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones nacionales de 2020, enfrenta además  otros siete procesos en la justicia, la mayor parte de ellos  promovidos por autoridades del gobierno o por militantes del oficialismo.

A fines de abril, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) formalizó una denuncia penal en su contra por presuntos delitos de allanamiento, estorbar el ejercicio de funciones, manipulación informática, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos en esa institución. 

Junto a él es procesada la exdirectora de esa institución  Aida Melean, quien fue aprehendida y luego enviada al penal de San Roque, en Sucre.

También es procesado por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el denominado caso “golpe de Estado”, denunciado por la exdiputada del MAS  Lidia Patty  y por el que se encuentran con prisión preventiva la expresidenta Jeanine Añez y los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán.

Un cuarto proceso que pesa en su contra es el iniciado por un grupo de legisladores del MAS por la compra con presunto sobreprecio de casi dos millones de dólares de material antidisturbios, en noviembre de 2019. En este caso, como en el del denominado “golpe de Estado”, es procesado junto al exministro de Defensa  Fernando López.

Además, Murillo enfrenta un juicio por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución en el caso de las muertes en Sacaba y Senkata, en 2019.

También enfrenta un proceso por el presunto robo y quema de la libreta militar del expresidente Evo Morales. El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en su contra por este caso, en el que además es procesado el exviceministro de Régimen Interior Javier Issa.

El séptimo proceso iniciado contra Murillo es por calumnia y difamación y fue abierto por el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, quien lo acusó de haber promovido una “persecución” en su contra mientras ocupaba el cargo de director nacional de servicios técnicos auxiliares de la Policía.

Además de éstos, se encuentra pendiente el  proceso abierto en su contra  por calumnia, difamación e injurias por la mujer a la que en septiembre de 2020 acusó falsamente de haber raptado a la bebé Samanta, quien fue encontraba un mes después en una vivienda de la zona de Kupini.

  Además de estos al menos ocho procesos que pesan en contra del exministro de Gobierno, el actual titular de esa cartera de Estado, Eduardo del Castillo, lo acusó recientemente de  haber impedido la extradición a Brasil del procesado por narcotráfico Jesús Einar Lima Lobo. Murillo estaría en Estados Unidos.