La Defensoría del Pueblo informó que 11 días de enfrentamientos por el control de la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca) dejaron 32 heridos y 69 personas arrestadas.

Datos recopilados por esa instancia indican que durante los enfrentamientos entre cocaleros y policías se constató 25 civiles heridos (cuatro mujeres y 19 varones); siete policías heridos (tres mujeres y cuatro varones); y la detención de nueve mujeres y 60 varones, 10 de ellos aún en calidad de aprehendidos.

Esa instancia “constató afectaciones a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, comerciantes y vecinos de las zonas Villa Fátima y Villa El Carmen, producto del uso indiscriminado de explosivos y gases lacrimógenos que ha derivado, también, en daños materiales a la propiedad privada y pública como el incendio del módulo policial de la EPI Minasa y la afectación del Hospital San Francisco de Asís sin considerar la existencia de pacientes internados, dejando en una situación de zozobra en el lugar”.

La Defensoría tomó contacto con la dirigencia de las mujeres que son parte del comité de autodefensa del sector movilizado, y con la dirigencia que se encuentra en posesión del mercado de la coca, a fin de generar un espacio de diálogo entre todos, pero sin éxito.

El pronunciamiento:

“Públicamente, instamos al sector movilizado a plantear sus demandas en un marco de respeto de la ley; asimismo, exhortamos a la Policía Boliviana a enmarcar su trabajo en lo que disponen las normas de derechos humanos y no incurrir en el uso excesivo de agentes químicos, asegurar la presencia de personal policial calificado en este tipo de intervenciones para garantizar que no se afecte a la población, tomando en cuenta la zozobra que se ha provocado y la vulneración a la integridad psicológica y física de vecinos, cuyos derechos deben ser resguardados por el Estado y respetados por la población en general”, indica el pronunciamiento.

Para el lunes se prevén dos asambleas que analizarán soluciones al conflicto, mientras que desde el Gobierno se desconoció el apoyo a Arnold Alanes como presidente de Adepcoca, asegurando que el conflicto es privado y que la Policía Boliviana solo resguarda calles aledañas a la sede cocalera para evitar más confrontación.