El Gobierno  impulsa, ante el Ministerio Público,  al menos 11 procesos en contra de una 20 de personas. Entre los acusados están desde la expresidenta Jeanine Añez y su gabinete, hasta jefes policiales, militares y exfuncionarios.

 Los casos golpe de Estado, Senkata y Sacaba, Respiradores chinos, Respiradores españoles, Gases lacrimógenos, DGAC, Designaciones irregulares, Fundempresa,  FMI, Amenaza  a la libertad de expresión durante la cuarentena y Cierre de fronteras son las demandas. Las cuatro últimas esperan conseguir   de los  dos tercios de la Asamblea Legislativa para consolidarse en  juicios  de responsabilidades.

  Mientras  que para unos  es una muestra del uso de la justicia como un brazo operativo del Gobierno de turno, éste afirma que no se trata de una persecución, sino de “justicia”. 

  “Los juicios son arbitrarios y son realizados por una Fiscalía que se ha convertido en un  brazo operativo del gobierno del MAS  y por un Órgano Judicial que no es imparcial”, dijo el diputado de Comunidad Ciudadana  Gustavo Pedraza.

Añadió que lo que hay en este momento es una narrativa del MAS sobre  un golpe, “cuando en realidad lo que hubo  fue un fraude”. “No  defendemos  a una persona, sino a la causa”, recalcó.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), señaló que  los juicios y  las aprehensiones “no son persecución, sino justicia”. “La narrativa de un fraude que impusieron con  ayuda de la OEA fue sólo la excusa perfecta para  llegar al poder por la fuerza, rompiendo todo principio de la democracia. Los resultados de las elecciones del 18 de octubre   ratifican que no hubo fraude. Lo que hubo fue un golpe de Estado, unas masacres en Senkata y Sacaba, 

desinstitucionalización del Estado, descalabro económico y corrupción desmedida. Por eso perdieron en democracia lo que ganaron por la fuerza”, afirmó.

Cinco procesos veloces

El que generó más reacciones nacionales e internacionales es el proceso por el caso golpe de Estado, impulsado por la exlegisladora del MAS Lidia Patty. La denuncia fue presentada en  diciembre de 2020 y las primeras detenciones se produjeron  el 12 de  marzo.  

Hasta hoy, hay  tres  detenidos: la expresidenta Jeanine Añez y sus ministros Álvaro Coímbra y  Rodrigo Guzmán.  Además se emitieron  ordenes de aprehensión  en contra de  los exministros Yerko Núñez,  Arturo Murillo,  Fernando López y los excomandantes  de la Policía y las Fuerzas Armadas,  Yury Calderón y Williams Kaliman, de quienes se desconoce su paradero.

A estas acciones se sumaron cuatro proposiciones acusatorias en contra de la exmandataria. Aunque fueron aceptadas por el Ministerio Público en menos de 48 horas,  que lleguen a un juicio dependerá de los  dos tercios de la ALP.

 La primera acusación es por  la  autorización de  un  crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin la aprobación de la ALP. Un préstamo que fue devuelto por Arce. Además de  Añez, también están acusados los exministros  de Economía José Luis Parada,   Óscar Ortiz y  Branko Marinkovic.

La segunda tiene que ver con la vulneración del derecho a la libertad de expresión durante la cuarentena rígida, con la promulgación del  decreto 4231 que sancionaba  penalmente la difusión de cualquier información sobre la Covid-19 que  genere  incertidumbre en la población. 

La tercera acusación es por  la concesión  del servicio de registro público y comercio a la privada Fundempresa por 15 años, sin  los procedimientos de ley. La cuarta  es por el cierre  de fronteras que impidió el ingreso de  compatriotas desde Chile durante la cuarentena.