Transcurrido un año y cinco meses de la firma del contrato para la compra de gases lacrimógenos y material antidisturbios mediante la empresa intermediaria BTS, las conclusiones de una investigación en EEUU removieron otras indagaciones realizadas  en el país, que llevan a la conclusión de que este proceso pasó por al menos cuatro instituciones y que fue autorizado por la entonces presidenta Jeanine Añez y su gabinete.

El requerimiento nació en el Ministerio de Gobierno, la compra la hizo el Ministerio de Defensa, el desembolso fue autorizado por el Ministerio de Economía y el pago lo concretó el Banco Central de Bolivia (BCB), todo ello bajo el paraguas del Decreto Supremo  (DS) 4116, que autorizó una compra por excepción y en el extranjero, como finalmente ocurrió.

El 17 de septiembre de 2020, un día antes de ser destituido del cargo de procurador general del Estado por presión del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, José María Cabrera informaba ante una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional que el ahora exministro arrestado en EEUU se había negado a dar información sobre los mecanismos que se siguieron para la compra de ese equipamiento antidisturbios.

La Procuraduría había avanzado en una investigación (el Legislativo encaraba en otra) y ayer Cabrera recordó que para esa fecha ya se habían detectado varias irregularidades, dos de ellas muy notorias: que se haya acudido a una empresa intermediaria y que un proceso de contratación que comenzó en un ministerio continúe en otro.

“No puede empezar un proceso de contratación en un ministerio y continuar en un segundo ministerio, esas son situaciones totalmente anómalas (…) Tampoco había explicación suficiente de por qué se acudía a una empresa intermediaria si es que se conocían antecedentes de contratación directa con la empresa proveedora”, dijo.

Un día después de aquel informe que prestó ante la comisión especial mixta de investigación conformada para este caso, Cabrera recibió en su despacho una copia legalizada del Decreto Presidencial 4345, que disponía su destitución y el nombramiento de Alberto  Morales  en su reemplazo. “Se dio a petición del ministro de Gobierno”, sentenció entonces el destituido procurador.