La Fiscalía General admitió un proceso penal presentado por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), en contra de la expresidenta Jeanine Áñez, la misma que será acumulada a los procesos penales en la vía ordinaria por el supuesto caso de terrorismo, sedición y conspiración. La defensa aseguró que el objetivo está claro: alargar el tiempo de detención de la exmandataria.

Alaín Canedo, uno de los abogados de Áñez, complementó que “de forma muy rápida”, el juez del caso emitió una resolución en la que acepta la ampliación del proceso, que en principio abarcaba los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, señaló ayer que el senador Rodríguez solicitó la ampliación de la investigación contra Áñez por otras evidencias que tendría esta autoridad para acusar a la exdignataria de propiciar un (supuesto) ‘golpe de Estado’.

“Se ha dado lugar a la acumulación de este proceso denominado ‘golpe’, más la denuncia que ha sido presentada por el presidente del Senado Nacional y están siendo llevadas adelante, dentro del debido proceso”, señaló al salir de un acto de firma de convenio de cooperación con el Tribunal Supremo de Justicia.

La expresidenta cumplió más de dos meses detenida preventivamente en la cárcel. Lanchipa dijo que hay otros cuatro procesos de juicio de responsabilidades a denuncia del Ministerio de Justicia que están en trámite en la Fiscalía General para pronunciamiento, con un requerimiento acusatorio o rechazo de la investigación.

Canedo explicó entonces que sobre los tres delitos iniciales ahora se suman anticipación y prolongación de funciones, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado e incumplimiento de deberes.

La exmandataria fue procesada en la vía ordinaria porque supuestamente cometió los delitos de terrorismo, sedición y conspiración antes de asumir el mando presidencial, tras la sucesión constitucional que se produjo tras la renuncia del expresidente Evo Morales. “Para nosotros todo esto debe llevarse adelante a través de un juicio de responsabilidades. Los tres nuevos delitos están referidos a la asunción a la presidencia de nuestra defendida”.

El abogado señaló que incluso si se acepta la “tesis absurda de que fue golpe de Estado, el momento en que ella asume la Presidencia, ya es otro el trato legal. “Hasta el sanguinario Luis García Meza tuvo derecho a juicio de responsabilidades. No hay que ser abogado erudito para darse cuenta de que es así”, aseguró.

Por ello, Canedo aseveró que “se aumentan delitos porque buscan ampliar la imputación y, consecuentemente, que esté detenida más tiempo”.

La comisión de fiscales sostuvo para llevarla a prisión que la entonces senadora Áñez, “contra todo procedimiento legislativo, presionó, en coordinación con Luis Fernando Camacho y los expresidentes Jorge Quiroga, Carlos Mesa, y Samuel Doria Medina para la renuncia de Morales”. La tesis es que un día antes de que asuma la Presidencia, se produjo este hecho en la Universidad Católica, durante la reunión a la que asistieron representantes del MAS, de la oposición, de organismos internacionales y la Iglesia.

Ayer por la tarde, la expresidenta fue visitada por los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigan los hechos de Senkata y Sacaba a encargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes sostuvieron una conversación con la exmandataria.

Se supo que una de las preguntas de los expertos fue qué razones tiene el Gobierno para señalar que lo de 2019 fue un golpe, y ella respondió: “Razones políticas”.

Fuentes del penal señalaron que aunque su salud es estable, ha bajado de peso significativamente y que se encuentra en medio de una depresión muy profunda.

El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, no pudo entrar a visitarla el último fin de semana y aseguró que las autoridades de la cárcel de Miraflores prohibieron por “razones políticas” su visita a la expresidenta.