La admisión es el primer paso para un juicio de responsabilidades.

De acuerdo con el documento del Ministerio Público remitido a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se establece el apersonamiento, el aviso de inicio de investigaciones, el subsanamiento de la proposición acusatoria admitida el 1 de julio, señala el proceso contra Áñez en su calidad de expresidenta.

“Habiendo sido admitida la proposición acusatoria de fecha 1 de julio de 2021, subsanada posteriormente mediante memorial de fecha 3 de julio, mediante resolución fundamentada emitida por mi autoridad, a los fines de control jurisdiccional hago conocer que se ha dado inicio a la fase de acumulación de antecedentes”, señala el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en el documento de apersonamiento ante el Presidente de la Sala Penal del TSJ.

Asimismo, luego de los considerandos se señala: “Se admite la proposición acusatoria referida y en su mérito infórmese el inicio de investigación sobre los hechos contenidos en la misma a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 15 par. I de la Ley N° 044, contra: Jeanine Áñez Chávez, en su calidad de expresidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, por la presunta comisión de los hechos contenidos en la proposición acusatoria descrita (genocidio (art. 138), lesiones graves y leves (art. 271) y lesiones seguida de muerte (art. 273), todos del Código Penal)”.

Los hechos de Sacaba se registraron el 15 de noviembre de 2019, cuando una numerosa marcha de las Seis Federaciones del Trópico intentó rebasar el cordón policial que se instaló en el puente Huayllani.

Cuatro días después, pobladores hicieron un bloqueo en inmediaciones de la planta de combustibles de Senkata, de la ciudad de El Alto, y se enfrentaron con las fuerzas militares que buscaban habilitar el paso en el lugar.

Con la admisión de la proposición acusatoria, se inicia la acumulación de todos los antecedentes.

Concluidos todos los obrados, la acción de la Fiscalía General podría derivar en la entrega de la investigación a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que se pronuncie sobre “un juicio de responsabilidades contra la exmandataria”.

Actualmente, la expresidenta enfrenta un proceso penal en la justicia ordinaria por el denominado caso golpe de Estado, planteado por la exdiputada del MAS Lidia Patty.

Los presuntos delitos en que habría incurrido son terrorismo, sedición, conspiración, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, entre otros.

Por este proceso guarda detención por cuatro meses en el centro penitenciario de Miraflores.