El Movimiento Al Socialismo (MAS) consideró la resolución del Parlamento Europeo una “injerencia e intromisión”, mientras que la oposición destacó que esa Cámara rechace las “injustas” detenciones y pida la retirada de los cargos por motivos políticos.

La resolución de 10 puntos, aprobada con 396 votos a favor, 267 en contra y 28 abstenciones, señala que Áñez “cumplió plenamente con su deber bajo la Constitución boliviana como vicepresidenta segunda del Senado, al colmar el vacío presidencial que dejó Evo Morales, al renunciar tras los violentos disturbios que desencadenaron un intento de fraude electoral”.

Agrega que el Tribunal Constitucional de Bolivia aprobó el traspaso de poderes a Áñez y que las elecciones del 18 de octubre de 2020 se celebraron sin incidentes y con todas las garantías democráticas.

También expresa su preocupación por “la falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial boliviano y la persistencia de problemas estructurales (…). Denuncia la presión política sobre el sistema judicial para perseguir a los opositores políticos y subraya la importancia de mantener garantías de respeto a la legalidad y garantizar que el poder judicial esté libre de presiones políticas; justicia real e imparcial, y que todos los responsables rindan cuentas, sin recibir amnistías ni indultos por sus opiniones políticas”.

Bajo estos parámetros, el legislativo europeo pide reformas estructurales a la justicia, atacar la corrupción generalizada, modificar artículos del Código Penal sobre los delitos de sedición y terrorismo, con amplias definiciones que dan lugar a posibles violaciones de los principios de legalidad.