El expresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí, Julio Mujica, señaló que esta institución no acusó a ninguna persona por la quema de sus instalaciones durante la crisis política de 2019 y tampoco identificó al excívico Pumari como autor de los hechos.

“Toda la documentación que se tiene en el tribunal, nosotros no hemos sindicado a nadie, no hemos dado nombres”, dijo Mujica.

En tanto, la exvicepresidenta del TED Potosí, Zulema Mamani, acusó a Marco Pumari de asalto y destrucción de ánforas electorales en 2019.

En ese contexto, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Lissa Claros, denunció que el Gobierno actúa al estilo de las dictaduras militares con el único objetivo de pretender forzar un discurso y “consumar la falsa narrativa de golpe de Estado”.

Claros agregó que lo que “está haciendo el Gobierno es arremeter contra el pueblo potosino como una venganza” y observó la declaración de funcionarios como la defensora del Pueblo de Potosí, Wilma Martínez, que declaró en contra de Pumari.

“Tuvimos la interrupción del señor Marco Antonio Pumari en la sala plena de cómputo haciendo conocer que en los ambientes del lado contiguo del TED se encontraría material electoral, que él había revisado de manera agresiva y violenta”, afirmó Mamani en declaraciones a Bolivia TV.

Sin embargo, Mujica dijo que las imágenes remitidas por el Ministerio Público, para identificar a los autores de la quema del TED Potosí, “eran borrosas para señalar a alguien en particular”. Por último, señaló que si Pumari hubiera estado involucrado, el TED no lo hubiera habilitado como candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 2020.

“Hemos visto que la Fiscalía ha basado su denuncia en seis declaraciones de funcionarios públicos, entre los cuales se encontraba la hermana del exasambleísta (Víctor) Borda. A Marco Pumari se les está atribuyendo un solo delito que es obstaculización a procesos electorales. La pena máxima que es de cinco años carece de todo sustento”, dijo.

La madrugada del pasado domingo, Pumari fue recluido en una cárcel de la población de Uncía, en el Norte Potosí, por disposición del juez que además dictó prisión preventiva por seis meses, mientras la Fiscalía investiga los alcances de los delitos electorales que, aparentemente, promovió en 2019.

El exdirigente cívico además fue aislado en la cárcel por 14 días para prevenir un posible contagio con coronavirus.

Ilegalidad

La diputada Claros dijo que la aprehensión y posterior detención preventiva de Pumari fueron ejecutados en el marco de violaciones a la normativa vigente de Bolivia y los derechos humanos.

La ilegalidad comenzó desde la ejecución de los allanamientos del 9 de diciembre de 2021, que se realizaron en horario nocturno y en contra de lo establecido en el artículo 180 del Código de Procedimiento Penal, y continúa en la realización de la audiencia de medidas cautelares.