En tanto, en sus alegatos el Ministerio de Gobierno argumentó la violación de la normativa y pidió 15 años de cárcel para la principal acusada y los militares imputados. Hoy se reanuda el proceso con los alegatos de la Procuraduría del Estado. 

Pese a que el proceso que se sigue a la exmandataria por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, que tienen penas que no llegan a los 30 años de condena, los autoconvocados y el Pacto de Unidad exigieron que se dicte esa sentencia, caso contrario advirtieron con tomar oficinas de instituciones públicas.

El Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción de La Paz lleva adelante el juicio que está a poco de dictar una sentencia y trabaja en medio de presiones de sectores afines al masismo.

Pacto de Unidad

En conferencia de prensa, el Pacto de Unidad se declaró en estado de emergencia y advirtió que si no se dicta sentencia contra la exmandataria en el caso golpe de Estado II, tomarán las instituciones judiciales. Las organizaciones sociales piden 30 años de cárcel para la exmandataria.

“Exigir a los administradores de justicia boliviana sancionar con la máxima pena de presidio a la señora Jeanine Añez por los delitos cometidos en la gestión 2019, de lo contrario entraremos en estado de emergencia y anunciamos movilizaciones permanentes con la toma de instituciones judiciales”, señaló Jorge Cucho, representante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).

La Fiscalía pide 15 años de cárcel para la exmandataria, como pena máxima.

“Exigimos la máxima pena, 30 años de cárcel para la señora (expresidenta) Jeanine Áñez, porque hay muertos y víctimas. Como Pacto de Unidad, vamos a tomar las acciones correspondientes si esto no avanza”, recalcó la ejecutiva de las Bartolina Sisa, Flora Aguilar.

Alegatos del Gobierno

En la víspera, el Ministerio de Gobierno presentó sus alegatos y argumentó que la expresidenta Áñez violó la normativa para asumir de manera ilícita la presidencia del Senado y llegar a la presidencia del Estado. 

La representante legal del Ministerio de Gobierno, Daniela Zabala, argumentó por los menos durante dos horas las presuntas ilegalidades en que incurrió Áñez “en complicidad” con la Policía y las Fuerzas Armadas.

Dijo que la entonces senadora declaró públicamente los mecanismos que debía seguirse para superar la crisis de noviembre de 2019, pero los ignoró.

A quién obedecían

La abogada del Gobierno preguntó a quiénes obedecían los uniformados entre los días 11 y 12 de noviembre después de la renuncia de Evo Morales.

Asimismo, reveló que existen informes de la Policía sobre la disposición de Yuri Calderón de brindar protección a  Áñez con la unidad especializada de protección de altos dignatarios de Estado. 

Dijo también que el grupo de militares especializados estaba destinado a la seguridad de jefes de Estado, pero se quedó el de la Policía.

“¿Si no había presidente los días 11 y 12 de noviembre, a quién obedecía Calderón?”, cuestionó la abogada y aseguró que Jeanine Áñez no habría sido presidenta si es que no contaba con la ayuda de la Policía y los militares.