Local I

“Mi mamá vende hace más de 30 años en este mercado, yo la acompañaba desde niña y ahora que vengo con mi hija ella me pregunta cómo era antes. Miro para atrás y realmente no ha cambiado nada, desde hace 20 años seguimos igual. No hay control, no hay orden”, opina María, una chapaca que experimenta rabia por la desidia en el Mercado Campesino, un sitio de referencia en Tarija. En el medio de ese lapso de 20 años que describe María hubo un hecho que tanto perjudicó las chances de mejora como evidenció las precariedades de esa emblemática zona comercial, en la parte alta del valle tarijeño. 

Hace pocos días se cumplió el octavo aniversario de un incendio en el Mercado Campesino que acabó con 400 casetas de comerciantes. Las conexiones eléctricas inseguras dieron lugar a un cortocircuito que desembocó en ingentes flamas, el 1 de marzo de 2015. Por entonces, se retrasaron los procesos de solución para restaurar aquel polo de abasto, incluso hubo demora de semanas para retirar los escombros. Tiempo después se emprendió la reconstrucción del mercado, pero se mantuvieron los mismos problemas, entre ellos la conexión eléctrica precaria y, por lo tanto, riesgosa. 

María subraya que ahora “los camiones siguen entrando y botando ese humo que contamina todos los alimentos”. Añade que “el botadero de desechos está aquí a pocos metros, dentro del mismo mercado, y es una constante amenaza de enfermedades”. Con cierta resignación, también enfatiza en la persistente inseguridad energética del lugar: “Después de la pandemia, todo está peor. El mercado ha estado cerrado tanto tiempo que ahora las condiciones son peores y encima no nos perdonaron un sólo día de alquiler. Los problemas se mantienen y cada vez son más los que se cuelgan de las conexiones que tenemos para tener luz, dejando cables expuestos que nos ponen en peligro a todos”. 

Global I

Desde que a principios de los 90 se asumió que había suficiente evidencia científica al respecto del calentamiento global, la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) se convirtió en una preocupación admitida y manipulada según las contingencias. La afección a la capa de ozono cobró popularidad en forma de agujero y la Declaración de Río, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París estructuraron una línea hacia la diversificación de la matriz energética. Las fuentes de energía estaban, y todavía permanecen, mayormente acaparadas por los hidrocarburos, mientras que la generación de electricidad se hace en mayor medida a través de energía térmica con combustibles fósiles. Sobre el total de energía eléctrica que se genera en el mundo, una gran parte de la que se considera renovable se hace con procesos que igualmente tienen gran impacto socioambiental, como las grandes represas de hidroenergía (como se verá con el caso del proyecto Chapete-El Bala en “Local IV”). Otro tanto aporta la energía nuclear con minería de uranio de tentempié y con riesgos y desechos radioactivos de postre. Así, la participación de energías limpias o no fósiles en la matriz es todavía muy baja. 

De acuerdo al último informe de OLADE, de diciembre de 2022, en América Latina y el Caribe la capacidad instalada se divide en 38% térmica no renovable, 41% hidroeléctrica, 8% eólica, 6% solar, 1,7% geotérmica y 1,1% nuclear. La generación eléctrica se prorratea en 42% hidroeléctrica, 38% térmica no renovable, 7,7% eólica, 3,4% solar y 2,2% nuclear. Conviene repetir que la gran mayoría de la hidroelectricidad producida se hace con enormes represas que causan, entre otras cosas, desplazamientos de poblaciones enteras. Mismo resultado que tienen muchos proyectos de parques fotovoltaicos o eólicos, como el caso de Unión Hidalgo en Oaxaca. 

Un reporte de la ONU sobre transición energética publicado a fines de 2021 también demuestra la predominancia fósil y la tendencia contaminante y, como otra cara de la misma moneda, la falta de acceso a la energía: 759 millones de personas en el mundo carecen de electricidad, mientras que “el sector energético actual, dominado por los combustibles fósiles, es responsable del 73% de las emisiones de GEI de origen humano”. Las farms que generan metano biogénico no están contempladas como emisiones “de origen humano”, valga la aclaración. 

El proyecto “NOAA” del gobierno de los Estados Unidos, que se desprende de la Oceanic and Atmospheric Research (OAR), ha ofrecido reciente información sobre la densidad actual de los GEI. Desde 2006 que NOAA publica el índice AGGI, un valor anual de GEI. En mayo de 2022 publicaron un último informe sobre el AGGI en el mundo, dando a conocer que en 2021 hubo un aumento del AGGI del 49% con relación al valor de referencia de 1990. Para dimensionar ese porcentaje hay que detallar que, para calcular el AGGI, los científicos de NOAA toman como valores de referencia al año 1750 (podríamos decir, el inicio de la revolución industrial) al que le asignan un 0 y al año 1990 al que calculan en 1. En 2021, el AGGI se ubicó en 1,49. Es decir, en los últimos 31 años se generó prácticamente la mitad de todo el efecto invernadero que se condensó en los anteriores 240 años (1750-1990).

De allí que en ciertos lugares donde los capitales en energías renovables y desarrollos tecnológicos se están moviendo con mayor determinación, como en Australia, Alemania o China, se están probando y/o promocionando sistemas como los cables superconductores de electricidad, que van soterrados y no tienen fugas. En esa misma línea se está investigando e invirtiendo en desarrollar mejores baterías que las de ion-litio, las de litio-azufre, y se está dedicando atención a las optimizaciones que la Perovskita podría traerle al aprovechamiento de energía solar.    

Global II

El derecho a la energía es considerado como parte del derecho a una vida y vivienda adecuadas (art. 25 de la Declaración Universal de 1948). Su eje se resume en el contenido del ODS N°7: acceso asequible y seguro a energía, en preferencia limpia, es decir, de fuentes renovables. El proyecto de Constitución chilena que se rechazó por plebiscito el año pasado lo reconocía explícitamente (artículo 59), igual que el caso Río Negro vs. Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012-2017). 

La CEPAL tiene un observatorio propio de “energías sostenibles”, el ROSE -por sus siglas en inglés-, y una batería de estadísticas sobre energía que van desde las inversiones en infraestructura por país, hasta la capacidad instalada de energía pasando por el consumo de electricidad y el precio para los servicios energéticos domiciliarios. Sin embargo, escasean las métricas que den cuenta de todas las personas que acceden a la electricidad con conexiones precarias. Esas conexiones están penadas en la mayoría de los países, aunque también en la mayoría no se aplican realmente esas penas. Con un mínimo de tino, acceder a la energía de modo precario, “clandestino”, “irregular” o “informal”, lo que en Argentina es “colgarse de la luz”, no es más que proveerse de un derecho humano: el derecho a la energía. En determinados casos, esas conexiones precarias desembocan en procesos de criminalización. Criminalización de la pobreza, porque las conexiones precarias, insistamos, son para quienes sólo pueden afrontar inversiones de bajo costo.  

El problema no es que quienes utilizan estos mecanismos rústicos para acceder a la energía sean criminales, el problema es que la precariedad de sus conexiones los pone en peligro (como se vio en “Local I” con el caso del Mercado Campesino). La infraestructura energética de electricidad todavía utiliza cables de cobre con una constante de pérdidas, los riesgos de accidentes se incrementan con las conexiones precarias, la mayoría de las veces realizadas en asentamientos habitacionales de urgencia, en los que el bajo costo está por encima de toda otra norma ingenieril de calidad. Las conexiones precarias, de bajo costo, son inseguras y los accidentes domésticos a veces acaban con pérdidas humanas (como se verá en el caso de Yénifer Segundo en “Local V”). Si los fenecidos son niños o personas a cargo son realmente grandes las posibilidades de que los tutores sean imputados como homicidas. En algunos casos, que llamaremos ampulosamente “familias monoparentales a cargo de la madre”, ocurre que esas mujeres salen a trabajar o buscar comida y no tienen con quién dejar a sus hijos o personas a cargo, entonces, los encierran en sus hogares que terminan ardiendo en llamas tras incendios por conexiones inseguras a la luz. Entonces, pasan de víctimas del sistema económico y del sistema patriarcal a ser criminales que no se hicieron cargo de las tareas de cuidado que el mismo sistema patriarcal les impone como propias (como se verá a continuación, en “Local II”).     

Local II

Yolanda Vargas y Ángela Fernanda Ibarrarán tienen en común más de lo que desearían. El hijo de Fernanda tenía 2 años cuando, en 2018, fue incinerado mientras dormía junto a su perro. El animal no se movió un ápice y también fue alcanzado por las llamas. En 2021, los hijos de Yolanda tenían 6 y 4 años y murieron calcinados, sus cadáveres fueron encontrados entrelazados en un abrazo. Ella rememora que, ya con la casa en llamas, oyó el grito de una vecina mientras buscaba desesperadamente a sus hijos: “Los chicos no salieron, yo los escuché todo el tiempo gritar”.   

Una vela que se cae, una conexión eléctrica vieja y mal hecha que hace cortocircuito. Dos casas de madera con mucho cartón, colchas y diverso material inflamable.

Yolanda y Fernanda fueron imputadas por abandono de persona seguido de muerte agravada por el vínculo. “No entendíamos nada” -admite Fernanda-. Ella -que en ese momento apenas tenía 18 años- y su pareja -de 23- se presentaron en el Centro de Investigaciones Fiscales, donde los recibió una mujer que les preguntó con retórica moralizante: “¿Ustedes saben por qué están acá, verdad? Yo también tengo un hijo y jamás lo dejaría solo”.

Yolanda fue detenida antes de enterrar a sus hijos: “Uno de los policías me empezó a hacer miles de preguntas que nada que ver con lo que pasó ese día y me dijo ‘ya vienen a buscarte, te van a llevar para que declares y te van a volver a traer’. A mí se me hacía raro, pero me quedé sentada ahí. Vino una camioneta blanca con dos o tres, me subieron y me llevaron”. Estuvo presa unos 15 días hasta que su abogado logró que le modifiquen la carátula a “homicidio culposo”.

- La casa era de madera y se prendió rápido entonces..

- Y como la casa esa ya tenía como 15 años nunca la habían pintado con pintura (…) la pintura era el aceite ese negro. ¡Qué no se va a arder! El fuego estaba alto, yo pasé bien por al lado de la casa, no me importaba nada. Di la vuelta porque tenía una galería ahí, en la parte del fondo, y ya iba por la mitad de la galería cuando el policía me agarró -recuerda Yolanda. 

Local III

- ¿Hace cuánto que tenés el equipo de energía solar y qué mantenimientos tuviste que hacerle en este tiempo -cuatro paneles, dos reguladores de voltaje y una batería-?

- Y, ya van a hacer como 7 años que lo tenemos. La verdad que la batería es todo, es lo más importante. Un mantenimiento general también, sí, hay que pasarle un trapo al panel para que no se llene de tierra. El trapo no tiene que estar ni siquiera húmedo, porque si no se embarra el panel. O lo podés hacer también con un plumero. Después, el regulador -depende el regulador que tengas- pero ayuda mucho si puede convertir a más amperaje. 

- ¿Qué diferencias percibís desde que vivís únicamente con electricidad generada a partir de tus paneles solares?

- La verdad que nos acostumbramos a no tener heladera. Y eso un poco afecta a la economía del hogar porque se vive comprando para el cotidiano, hay que comprar todos los días. No tenés dónde guardar como para comprar grandes cantidades en un supermercado. Y lo lindo es que tenés cierta independencia, porque, no sé, no tenés luz y sabés que es por algo que falla de tu equipo, lo solucionás y listo. No es que te cortaron la luz y no sabés cuándo va a volver. Yo creo que lograr esa independencia a través de la energía es una de las ventajas que te da esto [no estar conectado al tendido eléctrico]. Te pasa también con el gas, porque aunque yo no tenga un caño acá en la puerta de mi casa para que me pase el gas, con el consumo por garrafa yo termino regulando lo que gastamos. 

Lautaro tiene 40 años y trabaja como bioconstructor. Es locuaz y amable, abre las puertas de su casa de par en par, un anfitrión con todas las letras. Desde la galería, en el lado opuesto a donde están sus paneles solares, a unos 50 metros se observa un poste de electricidad. Él admite que ya no tramitan la conexión porque se acostumbraron a vivir con energía solar, sin heladera y con independencia de la compañía de la electricidad. 

La lluvia amenaza y empiezan los goteos. Lautaro cierra la puerta de su casa sin echarle llave, carga a su “crianza” menor -según le dice él mismo ensayando un cantito portugués- y se marcha hacia la casa de su suegro. “Se la estamos cuidando”, comenta y se explaya apuntando que junto a su pareja e hijos se vienen quedando desde hace algunas semanas en la casa de su suegro. Esa vivienda está unas cuadras más cerca de la ruta, no tiene paneles solares y, desde afuera, parece que sí cuenta con heladera. Tal vez tenga hasta freezer.   

Global III

Hace pocas semanas se cumplió el primer aniversario de la guerra en Ucrania. Meses antes de que la invasión se concretara, allá por fines de 2021, en el bloque noroccidental transatlántico de la OTAN ya se contemplaba que aquello podía ocurrir. Ucrania no forma parte de la OTAN, pero Kiev y su actual presidente están muy cerca del viejo continente. Cuando Putin amenazaba con avanzar sobre Ucrania, hostilidades que venían ya desde 2013, la OTAN amenazaba con vetos al gas ruso. Y todos cumplieron su palabra, hubo invasión y hubo sanciones económicas. Hay guerra en territorio europeo, algo que no ocurría desde la derrota de Hitler. 

Por ahora, las fuerzas noroccidentales se mantienen unidas, tanto en el apoyo armamentístico a la resistencia ucraniana como en los vetos al gas ruso. Sin embargo, en ocasión del primer aniversario de la guerra, Biden viajó a Europa para reforzar su política de apoyo explícito a Zelenski, consciente que si la unidad noroccidental muestra fisuras, Taiwán está perdido. China se relame. La estrategia militar de Putin, en la versión minimizada que propone la prensa gringa, es igual al lema de la Casa Stark. Convertido en pariente de Ned, Rob, Sansa, Arya y Brand, nuestro Vladimir, primero con el nombre, también espera el invierno. Winter is coming. Y no es del todo equivocado, la gelidez ha sido factor bélico decisivo más de una vez. Los propios rusos ya se valieron del crudo invierno como ventaja en los campos de batalla en alguna otra refriega. El asunto es que esa estrategia fue insuficiente el año pasado en Ucrania y la guerra continúa. Siempre siguiendo esa versión de la prensa gringa, los estrategas rusos serían más unos meteorólogos déspotas que unos políticos sensatos como los diplomáticos occidentales, quienes muy remilgados y democráticos, pacifistas y razonables, se ponen de acuerdo para enviar tanques, aviones y variado armamento en defensa de la soberanía ucraniana. Sin arremangarse ni transpirar mucho, sin demasiados remordimientos. 

Uno de los principales resquebrajamientos que podría mostrar la OTAN sería a raíz del flujo de apoyo armamentístico y militar a Ucrania, en el que Alemania y Francia se muestran más moderados que Estados Unidos y Gran Bretaña. Las recientes vociferaciones de Putin sobre llevar el asunto al plano nuclear podrían coadyuvar al plan de Biden de mantener la unidad e intimidar a Pekín, que anduvo sobrevolando la costa americana del Pacífico con balones espías. Eso dijeron los yanquis sobre los objetos no identificados que derribaron a principios de febrero. ¿Qué respondieron desde Pekín? Que no son balones espías, que ellos sí son meteorólogos, como los yanquis quieren creer de los rusos. Aunque suene hilarante, desde China adujeron que los balones formaban parte de un proyecto de investigación civil sobre cuestiones climatológicas y que por alguna falla se habían desviado de su órbita y habían acabado en cielo norteamericano.

Dejemos de lado los flujos de armamento y las tensiones de inteligencia militar y nos enfoquemos en el otro aspecto que podría resquebrajar la unidad noroccidental: los vetos al gas ruso. A partir del año pasado, el abastecimiento de energía se convirtió en un asunto más problemático que cosmético, como venía siendo por su mera mención en declamaciones de la ONU (con sus declaraciones, informes, tratados, convenios, agendas, objetivos de desarrollo sostenible, etc.). En Gran Bretaña hubo cimbronazos por los aumentos en las tarifas de los servicios básicos de energía (gas natural y electricidad), y el gobierno, en transición pero siempre de los Tories, habilitó plantas eólicas en tierra y promovió exenciones para la producción de energía fósil. No se trata de cualquier país, se trata de un país noroccidental en tránsito de abandonar la Unión Europea. La prensa gringa también acusó el golpe del alza en los precios de la energía dada en suelo estadounidense y la región geopolítica angloparlante desenfundó con vigor otra declamación que se venía proponiendo en muchos discursos y en pocas prácticas: la transición energética. Ciertos medios de Oceanía, como el ABC australiano o el Stuff neozelandés, se han vuelto abiertas tribunas en favor de las energías renovables y la descarbonización. El New York Times y el Wall Street Journal, por su parte, prestan mucha atención a la industria de los vehículos eléctricos, y el Independent y hasta el Sun de vez en cuando publican algo sobre cambio climático o proyectos de energías limpias en las islas británicas. 

Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial ya había quedado claro que la energía se había convertido en un recurso estratégico clave a nivel mundial -lo cual se ratificó aún más con la relevancia financiera que cobró el petróleo a partir de los tipos de cambio flotantes que dispuso Nixon y los famosos petrodólares de la OPEP-, en los setenta. Pero esa relevancia geopolítica de la energía encontró una nueva escala de importancia a partir de la guerra en Ucrania, que vino a reconfigurar los flujos de energía a partir de otras fuentes, disponibles en lugares del mundo menos hostiles que el oriente ruso-chino. 

Parte del reacomodamiento sobre transición energética podría sintetizarse así: para los moderados o incluso para ciertos países semi-periféricos con disponibilidad gasífera como Argentina, Bolivia o Chile, el gas era considerado un “combustible puente” en la descarbonización -menos costoso y nocivo que otros hidrocarburos, como el carbón y el petróleo-. Rusia y su Gazprom son el mayor poseedor de gas del mundo. Entonces, se considera que la mejor pareja para los vetos económicos de la OTAN es la aceleración de la transición energética, dejando de lado el gradualismo del gas como combustible puente y yendo definitivamente hacia el abandono completo de la energía térmica y los combustibles fósiles (entre otras cosas, con viviendas como las de Lautaro, de “Local III”).

Local IV

Entre el 20 y el 22 de abril de 2010 se realizó en Tiquipaya, Cochabamba, la Conferencia Mundial de los Pueblos por el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Se reunieron representantes de más de 140 países y se declaró: “Hoy nuestra Madre Tierra está herida y el futuro de la humanidad está en peligro”. Asimismo, en aquel encuentro en Tiquipaya se elaboró el primer borrador de la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales de la Madre Tierra, en el que ya se la admitía como sujeto de derecho. Esta concepción holística de la Madre Tierra, en mucho, es consecuencia de adoptar la cosmovisión de las naciones y pueblos indígenas. 

“La romantización del cuidado de la Madre Tierra, oculta la precarización de nuestros pueblos”, aclara Marbel Bejarano, capitana grande de la comunidad guaraní de Tucainty, de la TCO (Tierra Comunitaria de Origen), correspondiente a la zona APG (Asamblea del Pueblo Guaraní) de Villa Montes. Allí, la empresa transnacional Petrobras opera el Bloque Petrolero San Antonio. En 2017 el gobierno instaló paneles de energía solar en la comunidad para mejorar su calidad de vida, esa, que se les había prometido antes de iniciar los trabajos petroleros, pero con la instalación del campamento de la empresa, se encerró al pueblo dentro de su propio territorio, con un portón de metal en medio de la carretera, administrado por Petrobras.

“Nos echan candado en el portón. A veces llegamos en horas de la noche y tenemos que estar esperando en el portón de Petrobras hasta que amanece. No podemos pasar a nuestra propia casa cuando lo necesitamos. A veces tenemos una emergencia o nos enfermamos y la empresa nos tiene ahí encarcelados prácticamente”, expresa Bejarano.

En el otro extremo de Bolivia, en el Amazonas, es igualmente evidente la paradoja de la utilización de energías renovables -por el “cuidado” del medio ambiente y la Madre Tierra-, mientras se devastan esos mismos territorios en busca de recursos no renovables. El Albergue Ecológico Chalalán del pueblo indígena de San José de Uchupiamonas, ubicado en el parque nacional Madidi, se presenta como resistencia impulsada con la energía de paneles solares instalados con sus propios recursos y bajo su propia administración.

El presidente del Directorio del Albergue Ecológico Chalalán, Jhorlan Laura, reniega sobre la política real frente a la Madre Tierra: “Nueve departamentos conforman este país [Bolivia], cada uno de ellos, saqueado en diferentes momentos, con mayor o menor intensidad por los personajes de turno en el poder. Y nosotros aquí, en nuestro territorio, también sentimos esa amenaza constante”. Jhorlan menciona el proyecto hidroeléctrico Chepete-El Bala, que representaría más de 5000 pobladores indígenas afectados por las inundaciones, producto de la construcción de las represas, lo que provocaría, por lo tanto, el desplazamiento de cientos de comuneros. Son 6 las naciones indígenas que se encuentran en alerta por la reactivación de este proyecto hidroeléctrico que había sido promovido por el entonces presidente Evo Morales, allá por 2007 y hoy, puesto nuevamente en agenda por el actual presidente, Luis Arce, quien fue ministro de economía en el gobierno de Morales.

“Se saquean territorios a cambio de puestos de poder, se negocia con el agua a cambio de riqueza, se devastan bosques enteros para seguir alimentando las grandes empresas, se enajenan culturas ancestrales a cambio de gas para las grandes industrias extranjeras, se invaden reservas naturales en nombre del progreso ocultando el oscuro negocio con nuestras materias primas. Este saqueo permanente nos está llevando a un final fatídico que no sólo repercute en nuestro territorio, sino que va más allá de nuestras fronteras y nos puede llevar a un punto irreversible. Nosotros seguimos preservando y cuidando la vida, resistiendo desde nuestro territorio”, destaca Jhorlan.

Global IV

La geopolítica de las energías renovables es intrincada. Elon Musk, el magnate norteamericano, es ahora propietario de la red social Twitter. Musk es además accionista de la firma Tesla que produce vehículos eléctricos (Electric Vehicles -EV-). Mencionarlo persigue la intención de dar a conocer cuáles son los nombres propios de los grandes capitales que están implicados en los negocios de las energías verdes. Greenwashing alert. De acuerdo a reportes recientes de la periodista especializada Louise Boyle, durante 2022 se vendieron 7,8 millones de EV y se proyecta para 2040 un parque vehicular de 66 millones, es decir, se avizora un escenario con dos tercios de los vehículos del planeta con propulsión eléctrica. 

Parte de la transición energética es el abandono paulatino, pero precipitado por los vetos al gas ruso, de los motores de combustión interna. Se proponen modelos de movilidad urbana con más vehículos eléctricos. Los EV utilizan baterías que emplean principalmente dos minerales, en orden de importancia: el litio y el cobalto. La mayor parte de la cadena productiva del cobalto se instala entre la República Democrática del Congo, donde están las reservas, y China, donde están las refinerías y de donde proviene la tecnología. 

El litio, en cambio, se reparte entre el triángulo de Bolivia, Argentina y Chile, la plaza oceánica de Australia y la tecnología e inversiones principalmente chinas y estadounidenses. Algunas otras coreanas, algunas otras francesas, algunas otras canadienses. 

Una empresaria argentina del rubro de baterías para vehículos de combustión interna, la compañía de baterías EDNA, admitió que, por el momento, las compañías del sector en el país no están invirtiendo resueltamente en baterías de litio. Igual que con el cobalto, entre el Congo y China, el valor agregado del litio latinoamericano se añade a varios miles de kilómetros de los suelos de los que se extraen los minerales. 

Australia merece un párrafo aparte en ese sentido, puesto que allí se han realizado mayores inversiones propias para hacer del litio no sólo una ventaja en el mercado mundial sino también un atractivo para que el mundo mire Oceanía. El país es una especie de laboratorio en lo que a EV respecta, tanto que hasta ha empezado a dar muestras de los daños colaterales o peligros emergentes. Las explosiones de las baterías de los EV son veloces y expansivas, y han ganado terreno en los ránkings de accidentes domésticos.  

Todo ello sin ahondar en las formas de esclavitud contemporánea que se observan en los enclaves con cobalto, litio y tanto otros minerales extraños. Siddharth Kara ha reseñado con detalle y crudeza esas formas de esclavitud truculentas, incluso en los negocios mineros. La minería artesanal, los derrumbes, derrames y huellas hídricas son consecuencias costosas para el medio ambiente y los ecosistemas. No basta con desfosilizar, no alcanza con cambiar las fuentes de energía. 

Global V

Una gran parte de las reservas mundiales del mineral predominante en las baterías de los EV se encuentran en el denominado “Triángulo del litio” compuesto por Argentina, Bolivia y Chile. Esas reservas presentan condiciones de explotación únicas y por ese motivo permiten costos de procesamiento y producción que podrían ser menores a los de los combustibles fósiles. Bolivia posee gran parte de sus reservas en salmueras en el Salar Uyuni y, a diferencia de lo que ocurre en Argentina y Chile, el Estado Plurinacional controla de forma soberana el recurso a través de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

Sin embargo, el modelo boliviano también ha sido objeto de críticas. Algunos han argumentado que la explotación del litio no beneficia adecuadamente a las comunidades locales y que también tiene efectos perjudiciales en el medio ambiente. Además, ha habido sospechas sobre la capacidad de YLB para manejar eficientemente la industria del litio y se cuestiona su falta de transparencia. La explotación del litio en Bolivia también ha tenido implicaciones políticas significativas. Por ejemplo, en 2019, el entonces presidente boliviano, Evo Morales, anunció planes para industrializar la producción de litio y establecer una planta de procesamiento en el país; al poco tiempo se desencadenó una crisis política, que terminó con un golpe de Estado, propiciado por la extrema derecha que intentó dimitir y truncar esos planes.

China ha demostrado interés en el litio de Latinoamérica. Algunos han argumentado que la inversión extranjera podría ayudar a la región a desarrollar su industria de litio, otros han expresado preocupación sobre la influencia política que podría ejercer China. Por su parte, Musk comentó sobre el golpe de Estado en Bolivia en una entrevista con la revista Rolling Stone, en 2019, que había sido "inevitable" y que Morales había cometido un "error" al nacionalizar la industria del litio. La opinión de Musk, CEO de Tesla y SpaceX, refleja una visión que se enfoca en la inversión extranjera y la libre empresa, tan propias de la democracia estadounidense. 

En particular, Estados Unidos depende en gran medida de las importaciones de litio y otros minerales críticos para su economía y su defensa. El Departamento de Defensa de Estados Unidos utiliza una gran cantidad de baterías recargables para alimentar equipos militares, sistemas de comunicaciones y otros dispositivos electrónicos. En este contexto, la seguridad nacional de Estados Unidos puede verse amenazada si hay interrupciones en el suministro de litio o si otros países, como China, obtienen un control excesivo sobre la producción y la distribución de este recurso, una de las razones por las que el litio se considera un tema de seguridad nacional para Estados Unidos.

Local V

“Todos estaban conectados ahí [en barrio 26 de agosto], bajaban la luz con un cable. Todos estaban enganchados, obvio”, comenta Jimena, pariente cercana de Yénifer Segundo, una joven de 25 años que falleció el 6 de febrero al electrocutarse cuando intentaba conectar un ventilador en su vivienda del barrio 26 de agosto, en la ciudad de Orán.   

Orán es una plaza tórrida del norte argentino, prácticamente en el límite con Bolivia, donde el río Bermejo arrecia a sus anchas desconociendo fronteras estatales y los climas estivales son un vivo testimonio del infierno en la tierra. Cuentan los aventureros que se adentraron en sus suburbios, que allí las iguanas se tiran agua sobre el lomo y que los animales usan ojotas para cruzar la calle sin quemarse las patas con el pavimento ardiente. Lo que puede ser visto como signo de alegría -a partir de la asociación libre que va de lo tropical a lo alegre-, en realidad es un contexto desafiante para quienes tienen acceso limitado a la energía o en condiciones infraestructurales inseguras. 

En Orán no se puede prescindir de sistemas domiciliarios de refrigeración a través de electricidad, sean rústicos -ventiladores- o más sofisticados -aires acondicionados-. Pablo Sixto, viudo de Yénifer, de 28 años, trabaja como bagallero en la frontera y todavía prefiere no hablar sobre el asunto. Aún no se rehace de la zozobra que le causa su nueva realidad: perdió a su pareja y quedó a cargo en soledad de cuatro hijos, tres niñas y un varón. 

Este tipo de accidentes no están registrados en ninguna estadística que los vincule con la pobreza, con la pobreza energética o con el derecho a la energía -acceso, sí, pero en condiciones autogestionadas, a bajo costo y, por lo tanto, precarias-. Tampoco está discutida la criminalización para los casos en que esta clase de accidentes acaban con resultados fatales para menores. Si aquel 6 de febrero el que intentaba conectar el ventilador era alguno de los hijos de Yénifer y Pablo, y eventualmente se electrocutaba, ella no hubiese terminado muerta sino imputada y, muy probablemente, condenada. La infraestructura energética insegura y la criminalización en casos de accidentes energéticos domésticos son también aspectos para revisar si lo que se pretende es ir más allá, como ya hemos dicho, de la disminución de emisiones de GEI y del relevo de fuentes fósiles de energía por fuentes renovables.