Alentado por el curso de la investigación que se realizó en Estados Unidos y que detectó sospechas de soborno y lavado de dinero en la compra de gases lacrimógenos y material antidisturbios en 2019, el Gobierno pidió este lunes al Ministerio Público que cite a la expresidenta Jeanine Añez y a sus exministros para que expliquen la responsabilidad que tienen en este caso, al haber firmado tres decretos supremos que avalaron dicha compra.

“Inicialmente en calidad de testigos y, posteriormente, de acuerdo a las declaraciones que presten, podrá ampliarse y cambiarse su situación procesal a investigados o imputados. Queremos que aclaren ante el Ministerio Público, no ante la opinión pública ni los medios de comunicación, cuál ha sido su intervención en la emisión de estos decretos”, explicó el viceministro de Justicia, César Siles.

El Ministerio de Justicia presentó ayer al Ministerio Público una proposición de diligencias en la que pide la citación de las exautoridades para que presenten sus declaraciones testificales.

La lista incluye, además de Añez, a los exministros Karen Longaric (Canciller), Yerko Nuñez (Presidencia), Melchor Díaz (Planificación), José Luis Parada (Economía), Rodrigo Guzmán (Energías), Wilfredo Rojo (Desarrollo Productivo), Iván Arias (Obras Públicas), y Fernando Huallpa (Minería).

Se completa con Álvaro Coimbra (Justicia), Óscar Mercado (Trabajo), Aníbal Cruz (Salud), María Elva Pinkert (Medio Ambiente), Virginia Patty (Educación), Mauricio Ordóñez (Desarrollo Rural), Roxana Lizárraga (Comunicación)  y Milton Navarro (Deportes).

Los decretos por los que deberán dar explicaciones son el 4090, 4116 y 4168. Los dos primeros autorizaron la compra por excepción, aunque el 4116 incluyó la autorización para la compra en el extranjero y derogó el 4090. El último autorizó que el Ministerio de Gobierno transfiera recursos al de Defensa, cartera que finalmente ejecutó la compra.

“A juicio nuestro, institucional, creemos que el simple hecho de haber firmado los decretos supremos, posiblemente contrarios a la Constitución, a las leyes y a la propia ley de armas, hacen responsables a estas autoridades”, afirmó Siles.

La excanciller Longaric anunció que “de ser posible” asistirá cuando la convoquen y aseguró que si bien ella firmó los decretos, no tuvo ninguna participación en la gestión ni en la compra. Dijo además que los decretos se firman luego de un proceso de análisis técnico y legal.

“Los decretos son emitidos con el único propósito de desarrollar las labores gubernamentales, no para socapar la corrupción o socapar compras ilícitas. Es un absurdo y fuera de todo sentido común sugerir que un decreto fue aprobado para que Murillo cometiera actos de corrupción”, afirmó en declaraciones a radio Compañera. Consideró que el verdadero objetivo del Gobierno es buscar desacreditar a la gestión pasada para justificar  su retórica de golpe, utilizando para ello a la justicia.  “Eso  no ocurre en ningún lado del planeta”, cuestionó.

“La Constitución   establece en su artículo 165, parágrafo II, que las determinaciones adoptadas en Consejo de Ministros son de responsabilidad solidaria. La señora Añez y sus excolaboradores deben explicar ante la Fiscalía General del Estado las razones y circunstancias de la aprobación de los decretos”, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima.